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Copropietarios del paralizado Terminal Turístico de San Diego ante el riesgo de perder su inversión por prescripción

Copropietarios del paralizado Terminal Turístico de San Diego ante el riesgo de perder su inversión por prescripción


Más de 500 copropietarios de los locales comerciales del Terminal Turístico de San Diego quedaron en el limbo desde 2015, luego que la empresa que ejecutaba el proyecto lo abandonara, bajo el argumento de falta de capital para seguir invirtiendo. Siete años después están ante el riesgo de perder toda la inversión realizada por la prescripción de los contratos.

Un grupo de afectados por la situación visitó El Carabobeño para hacer la denuncia y pedir que se haga justicia en su caso, pues buena parte de ellos pagó la totalidad del inmueble que se iba a construir y ahora no tienen nada. Aspiran que les devuelvan el dinero, indexado a la realidad económica del momento, y que les otorguen la propiedad del terreno sobre el cual se construirían sus respectivos locales.

Estuvieron en El Carabobeño Saro Spinali, Irma Torrealba, Idalia Romero, Jackeline Márquez, Ricardo Maldonado, Rosa Pena y Fanny Araujo.

Los propietarios hicieron la denuncia en El Carabobeño. Foto Carolina González

Saro Spinalli, vocero del grupo, narró que todo empezó en el año 2009 cuando la alcaldía de San Diego llamó a una licitación pública, bajo el número MSDCA 003-2009, para construir el terminal turístico en una parcela municipal, ubicada frente al terminal del Big Low Center.

El 28 de octubre de ese año, el alcalde del momento Enzo Scarano, emitió la resolución 573-2009, mediante la cual asignó la obra a la empresa Ingeniería GBR, dirigida por los ingenieros Luigi Blasi, Luis Giugni y Luis Rincones, según los declarantes

El 30 de noviembre de 2011, Ingeniería GBR firmó un contrato de permuta con la alcaldía para la construcción del terminal en un terreno de 42 mil 871,57 metros cuadrados, sobre el que otorgaría garantías para acceder al financiamiento bancario. A cambio, la empresa transferiría la propiedad del terminal totalmente a la alcaldía.

Como beneficio, detallaron los declarantes a través de un escrito consignado en esta redacción, Ingeniería GBR obtendría los beneficios por la venta de 885 locales pequeños, medianos y grandes, valorados entre los 59 mil 390 bolívares fuertes en 2012 (44 mil dólares) y los 2 millones 500 mil bolívares fuertes (200 mil dólares).

Spinali explicó que GBR creó una especie de consorcio o alianza con una empresa recién creada en ese momento, llamada Terminal Turístico del Centro, para realizar los trámites administrativos de la compra venta de los locales. Según Documento notariado el 28 de marzo de 2012, el nuevo consorcio ejercería actividades administrativas, contables, compromisos por preventa, vale decir que sería la empresa comprometida ante terceros para la firma de contratos de ventas personales.

El denunciante agregó que al día siguiente, el 29 de marzo, el consorcio GBR Terminal del Centro y el propio Terminal Turístico del Centro celebraron un nuevo convenio para subcontratar abogados, otro con la empresa Desarrollo Entre Pueblos para la firma de contratos ante terceros y  otro con GBR para gerenciar la construcción del  centro comercial Terminal de San Diego. “Cada una de estas empresas cobraba un 5% del precio final de venta de cada local, lo que encareció el costo de los locales”.

Pero la obra no avanzó. A la fecha solo se ha construido el 30% del proyecto inicial, obras que están paralizadas desde 2015, denunciaron. GBR se desentendió del caso, alegando falta de recursos para culminar los trabajos, pero con la promesa de buscar un nuevo inversionista. Los propietarios de los locales no encuentran respuesta.

Tras 10 años de espera, quienes desembolsaron con esfuerzo un dinero para garantizarse un mejor futuro ven desvanecerse sus esperanza. Y no tienen respuestas, más allá de la oferta de la alcaldía de reconocer mil 300 dólares por local, un monto que según ellos no costó ni al comienzo de la obra, o de expropiar la obra por tratarse de un bien municipal y pagarles en partidas semestrales.

Por estas razones en 2021 un grupo de propietarios denunció el caso en el Ministerio Público. Los fiscales tercero de Carabobo, Wilmer Vargas; y 30 nacional, adelantan las investigaciones, con apoyo de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP). A la fecha 120, de un total de 512 afectados, se han sumado a la denuncia. Ellos han realizado las gestiones pertinentes para constituirse en asociación civil, aunque se han encontrado con trabas administrativas para su conformación ante el registro principal y no entienden por qué. Tampoco comprenden la negativa de la Gobernación de Carabobo a intervenir en el caso, en el entendido de que sus derechos han sido violentados.

Esos 512 propietarios, de los cuales 450 pagaron la totalidad del monto por local y varios compraron más de un espacio comercial, temen que por el tiempo transcurrido, la irresponsabilidad empresarial y la inacción municipal, sus casos prescriban y pierdan toda la inversión. Algunos ya la perdieron, al menos 70 de esas personas han fallecido a la espera de una solución al caso, según los denunciantes.

Rosa Pena estima como una salida viable que la alcaldía entregue a los copropietarios el terreno donde se construyen los inmuebles por ellos adquiridos, como resarcimiento por los daños causados. ” Esa sería una opción pues ya está descartado que la empresa continúe con el proyecto, por cuanto los directivos así lo han hecho saber. Incluso retiraron los equipos del área, cosa que no debió permitir la alcaldía”.

Hoy, los copropietarios mantienen una vigilia permanente en los terrenos. Esperan que la fiscalía califique el caso como una estafa, que la alcaldía actúe para garantizar los derechos de las 512 personas que compraron locales a GBR y no los 339 que ellos dicen haber auditado. Exigen que les reconozcan la propiedad del terreno más una indexación por los montos pagados.

Spinali cuestionó que ahora la alcaldía se incluya en la lista de víctimas, bajo el argumento de que no sabía que la empresa iba a abandonar el proyecto, por cuanto ella fue promotora de la ejecución de la obra. “Nosotros estamos allí por culpa de la alcaldía, porque ella llamó a una licitación, dio autorización para la venta de unos locales y ahora el ente municipal no puede salir de nosotros, que lastimosamente atendimos su llamado”.

Por 10 años a los propietarios les han exigido que mantengan silencio, que no denuncien para no espantar a posibles inversionistas, pero no ha pasado nada. Ahora decidieron elevar su voz de protesta, exigir respuestas y plantear soluciones.

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