jueves , 1 octubre 2020
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Mauricio Bastidas está inhabilitado para ejercer de abogado


Puerto Cabello (Pausides Rodríguez).- Mauricio Bastidas, según la Ley, no puede ejercer la abogacía, según aclaró el mismo profesional del Derecho.

En llamada telefónica hecha a este periodista, el conocido abogado precisó que mientras sea funcionario público está inhabilitado por ley para cumplir gestiones propias de su oficio de manera privada.

En tal sentido se remitió a la Ley de Abogados que en su artículo 12 establece:

“No  podrán ejercer la  abogacía los  ministros de  culto, los  militares en  servicio activo ni  los funcionarlos públicos. Se exceptúan de esta inhabilitación los que desempeñan cargos ad honorem y  funciones Judiciales accidentales; y  los  que  sirvan empleos académicos, asistenciales, electorales, docentes o edilicios, salvo que estos últimos cargos exijan por la naturaleza de sus funciones o por las leyes o reglamentos que las rijan, dedicación a tiempo completo”.

Detalló que actualmente es auditor interno de la Gobernación de Carabobo, recalcando de paso que está comprometido con la gestión de Rafael Lacava; además de acumular más de 30 años en la administración pública, recordando que entre los cargos que ha ocupado con anterioridad se encuentran comisionado de la Oficina Nacional Antidroga (ONA); presidente del Consejo Municipal de Derecho del Niño, Niña y Adolescente (CEMDNA) e Inspector de la Inspectoría del Trabajo.

ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

Asimismo mencionó que su especialidad como abogado la ha fundamentado en el Derecho administrativo y laboral; no obstante, en materia penal, se remitió al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que textualmente establece:

 El   debido   proceso   se   aplicará   a   todas   las   actuaciones   judiciales   y administrativas; en consecuencia:

  1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a  ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán  nulas  las  pruebas  obtenidas  mediante  violación  del  debido  proceso.  Toda  persona  declarada  culpable  tiene  derecho  a  recurrir del  fallo,  con  las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.
  2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
  3. Toda  persona  tiene  derecho a ser oída en  cualquier  clase  de  proceso,  con  las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien  no  hable  castellano,  o  no  pueda  comunicarse  de  manera  verbal,  tiene  derecho a un intérprete.
  4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna  persona  podrá  ser  sometida  a  juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
  5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
  6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
  7. Ninguna  persona  podrá  ser  sometida  a  juicio  por  los  mismos  hechos  en  virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
  8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas

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Acerca de Pausides Rodríguez

Licenciado en Comunicación Social/ Mención "Periodismo Impreso". Egresado de La Universidad del Zulia (C.N-.P 9.827). Teléfono 0412-477-7889.

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