miércoles , 25 noviembre 2020
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Los Municipios no pueden pechar los servicios de profesionales universitarios


Autor: Sergio Sequera
La situación de déficit presupuestario siempre ha generado como respuesta de las
autoridades del país, la creación de nuevos tributos y el aumento de los ya existentes,
medida que pretende mejorar (¿?) la recaudación de ingresos que subsanen los presupuestos
públicos.
Es cierto, el objetivo fundamental de la aplicación de los distintos tributos es la recaudación
fiscal, también es cierto, que su aplicación no debe ser de manera desmesurada, como
búsqueda a aparentes soluciones que lo único que logra es un deterioro de la capacidad
económica del contribuyente, deteriorando con ello la economía y el incremento en la
evasión fiscal.
Los Municipios venezolanos, han creado hasta la fecha en su mayoría, ordenanzas que bajo
este esquema aumentan constantemente sus ingresos que servirán para cubrir los gastos
necesarios. Los Municipios tienen una tendencia a la elevación de las alícuotas o el
porcentaje del Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE), creando una fuerte presión
sobre la capacidad económica de los contribuyentes, lo que ha llevado a la creación de lo
que se conoce como voracidad fiscal.
La voracidad fiscal parece no tener límites, los ejemplos sobran: es común la creación de
nuevos impuestos, incrementando los existentes, sus sanciones y multas, el cobro de
recargos, intereses moratorios y compensatorios, y en caso de mora, el perverso sistema de
la actualización monetaria o el pago de acuerdo al cambio de divisas.
Citemos un ejemplo de lo que es voracidad fiscal; en el Municipio Maracaibo del estado
Zulia, recientemente en diciembre de 2019 se reformo la Ordenanza de “Impuesto sobre
Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar”, entre sus
cambios esta la sujeción de este tributo al libre ejercicio de los profesionales universitarios,
tales como; abogados, administradores, contadores públicos, economistas, médicos,
odontólogos, entre otros.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal “El hecho
imponible del impuesto sobre actividades económicas es el ejercicio habitual, en la
jurisdicción del Municipio, de cualquiera actividad lucrativa de carácter independiente…”.
En lo atinente a los servicios profesionales prestados por profesionales liberales o en el
libre ejercicio de su profesión, pareciera que la intención es gravarlos con este tributo por
aquello de incluir la palabra “Servicios” en su denominación.
En principio debemos aclarar que hay actividades que son de naturaleza civil que se ejercen
de manera independiente, las cuales requieren un título universitario, denominadas
profesiones no mercantiles, liberales.

Nuestra legislación cuenta con distintas normas que regulan las condiciones y requisitos
para el ejercicio de las profesiones liberales, son las leyes de ejercicio profesional, las

cuales declaran su carácter no mercantil; el cobro de estos servicios se conoce como
“Honorarios Profesionales No Mercantiles”.
Antes como ahora, existe suficiente jurisprudencia que refuerza y ratifica el criterio sobre la
naturaleza no mercantil de los servicios prestados por profesionales universitarios; la
extinta Corte Suprema de Justicia emitió sentencias donde indicaba que no era procedente
gravar o pechar la actividad de los profesionales liberales con el impuesto sobre patente de
industria y comercio.
El actual Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del caso de la Alcaldía de Chacao
(Sala Constitucional 2006), considera que el término “Servicios” se refiere a los servicios
conexos a actividades industriales y comerciales, diferenciando el tipo de enriquecimiento
(riqueza) que estos generan, denominándolo “ganancias”, en cambio los ingreso producidos
por los servicios profesionales los denomina “Honorarios”.
En el caso “Shell de Venezuela” (Sala Constitucional 2007) indica…”El impuesto local
sobre las actividades económicas que garantiza la Constitución está limitado a la industria y
comercio o aquellas actividades de servicios o de índole similar que guarden relación con
aquellas. En el mismo orden de ideas, es oportuno transcribir algunas leyes reguladoras del
ejercicio profesional donde el legislador se contempla la imposibilidad de ser gravadas con
tributos municipales…”
Solo por citar dos leyes de ejercicio profesional, la de abogados en su artículo 2 expresa “El
ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas que impliquen la
defensa del derecho, de la libertad y de la Justicia. No puede considerarse como comercio o
industria y, en tal virtud, no será gravado con impuestos de esta naturaleza”. En su artículo
2 la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública establece “El ejercicio de la profesión de
contador público no es una actividad mercantil”
Como conclusión los servicios profesionales no pueden ser gravados por el ISAE, y no
deben estar sujetos a ninguna ordenanza que regule tal impuesto, por su carácter civil y no
mercantil.

Me despido como siempre con una frase, hoy de Winston Churchill, escritor y político
Británico “Las criticas no serán agradables, pero son necesarias”
Autor: Sergio Sequera
Cargo: Socio – Director de Aguilar Sequera & Asociados, SC
(Firma de Contadores Públicos en Auditoría y Outsourcing de Procesos Administrativos y
Contables de Negocios)
Correo: sergio.sequera.consultus@gmail.com
Twitter: @SergioSequera
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sergio-sequera-15448024/


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